Mira por qué cuatro Premios Nacionales de Periodismo se oponen a la «Nueva Ley Mordaza» en Chile

En el Congreso Nacional de Chile se entreteje una trama preocupante. En medio de una ley que busca hacer frente a la delincuencia, los parlamentarios –específicamente los senadores- han incluido un acápite que penaliza con cárcel lo que en una forma indirecta se ha llamado “filtraciones de juicios”.

En la práctica, lo que busca el senado es incluir a todos quienes “estén involucrados en filtraciones sobre procesos judiciales” a altísimas multas económicas y penas de cárcel. Eso, aunque hoy una conducta de esta naturaleza, es decir, entregar información acerca del desarrollo de juicios, es algo que se encuentra prohibido, pero no se considera un delito.

El entusiasmo y la celeridad en el tratamiento de esta ley, en una dinámica pocas veces vista en el parlamento, se da de manera curiosa justo cuando el país ha ido conociendo hasta qué punto la política chilena se financia con platas oscuras provenientes desde el mundo empresarial.

Se da en medio de una profunda crisis de los partidos políticos, que se han visto desnudados en la manera cómo se encuentran atados a los intereses económicos de quienes financian sus campañas, reciben boletas y facturas por trabajos no realizados, son beneficiados por las legislaciones que estos parlamentarios generan y –más encima- gozan de exenciones tributarias por sus “patrióticos” servicios.

Todo esto ha sido posible de ser conocido gracias a “filtraciones” y a investigaciones periodísticas que han revelado no sólo movimientos oscuros sino que, más vergonzoso aún, el tenor de las comunicaciones existentes entre políticos y empresarios.

Los niveles de bajeza de muchos de los correos electrónicos conocidos revelan, con claridad inquietante, la fidelidad canina que los primeros tienen con los segundos.

Hasta antes de esta semana, el polémico cuerpo legal incluía a todos “quienes se relacionen” con un proceso judicial, quedando también entre ellos los periodistas, razón por la cual en muchos medios esta rápida ley comienza a ser conocida como “Nueva Ley Mordaza”, en clara alusión a los textos legales existentes en dictadura.

Aunque en los últimos días los senadores han especificado que los periodistas quedan fuera de este requerimiento y que sólo actúa en contra de jueces y funcionarios del ámbito de la justicia, lo cierto es que no le quita gravedad al asunto.

En el fondo, lo que se está haciendo es generar un claro obstáculo a la práctica de la investigación periodística, pues se presiona –con penas económicas y de cárcel- a quienes en el ámbito judicial funcionan como fuentes de la dinámica informativa.

Ante ello, cuatro Premios Nacionales de Periodismo han generado un documento en el que plantean su preocupación sobre la nueva ley que debe pasar a un nuevo trámite en la Cámara de Diputados.

Los periodistas María Olivia Mönckeberg, Faride Zeran, Juan Pablo Cárdenas y Sergio Campos llaman a estar atentos ante el desarrollo de esta legislación que tildan de “vergonzosa”.

En la declaración se señala que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado de Chile trata de introducir “subrepticiamente” una serie de modificaciones al Código Penal “que dañan seriamente los fundamentos mismos de cualquier régimen que se digne denominarse democrático”.

Indican que a ello se suman las reformas a la Ley Orgánica Constitucional del ministerio Público que apuntan hacia el mismo sentido.

Los Premios Nacionales de Periodismo llaman la atención sobre dos aspectos de la nueva ley analizada en el senado.

La primera se relaciona con ampliar el plazo de reserva de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de 40 a 90 días. Es decir, la ciudadanía tardará casi dos meses adicionales en enterarse de las causas que ejecuta el Ministerio Público.

Para los destacados periodistas “es casi como volver al ´secreto de sumario´ que nos rigió hasta fines de los años 90”.

La segunda medida, en tanto, es aún más grave. “Con todos los votos de la oposición y de la Nueva Mayoría, la Comisión y después el Senado en pleno aprobó también endurecer las sanciones en caso de que las investigaciones de la fiscalía se filtren a la prensa”, indica la declaración.

Más allá de los tecnicismos –ya existen sanciones para los fiscales, pero no así para las partes relacionadas al proceso judicial que ahora también se someterían a penas–, para los profesionales de la prensa “se trata de una iniciativa legislativa que causa nuestra más profunda extrañeza y preocupación, ya que recuerda, aunque sea vagamente, a las constantes limitaciones que se imponían a la libertad de expresión en plena dictadura de Augusto Pinochet”.

Así, la propuesta de los senadores es aplicar una pena de presidio que va desde los 61 días hasta los 541 días a quienes participen de filtraciones a la prensa en causas judiciales bajo investigación.

“Bochornosamente, se trata de penas mayores a las que actualmente nuestra ley aplica al delito de cohecho, como las que podrían afectar al ex líder de la UDI, Pablo Longueira, según asegura el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza”, señalan los periodistas.

Todas estas artimañas legislativas se enmarcan dentro de la llamada “Ley corta anti delincuencia” que hasta ahora funciona como “Caballo de Troya” de una parte importante de la clase política para introducir leyes que se creían desterradas en democracia, como la restitución –en su versión más modernizada– de la detención por sospecha.

“Resulta al menos curioso que senadores y dirigentes estén ahora tan preocupados de las ´filtraciones a la prensa´ –una herramienta que los propios políticos han utilizado hasta el cansancio con los medios para avanzar sus posiciones u obstaculizar las de sus adversarios– justo cuando la fiscalía, la prensa y la ciudadanía conocen la magnitud de la incestuosa relación que ha mantenido una parte de ellos con el poder económico”, se lee en la declaración.

Está demás señalar que de aplicarse el concepto que la ley impone, el país no se hubiese enterado de los casos Penta, Soquimich o Caval; de la colusión de las papeleras, los pollos, las farmacias; de los desfalcos en el fútbol o en el Ejército; entre tantos casos más.

Los cuatro Premios Nacionales que firman la declaración señalan finalmente: “Ante esto, sólo podemos recordar las sabias palabras pronunciadas por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1971, cuando en un fallo histórico desestimó la demanda del gobierno para favorecer a la prensa: ´Una prensa fastidiosa, una prensa obstinada, una prensa agresiva es algo que debe ser soportado por aquéllos que ejercen la autoridad, precisamente con el fin de preservar nuestros mayores valores: la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informada´”.