¿Qué esconde la represión policial que se denuncia en redes sociales?

Desde hace varios meses que las redes sociales comparten una serie de acciones represivas e injustificadas por parte de funcionarios de Carabineros.

Se trata de actos en los que se ve un intenso despliegue de recursos humanos y de infraestructura (motos y patrullas incluidas) para llevarse detenidas a una o tres personas, casi siempre ligadas al comercio callejero o –simplemente- personas que les hicieron alguna crítica a los uniformados.

También hay casos como un chofer de Prosegur que se encuentra solo frente al camión institucional. Sus compañeros están dentro de una empresa haciendo la recopilación de dinero. Una patrulla uniformada se detiene y un funcionario le pide los documentos al conductor.

Éste le señala que están dentro del vehículo, pero que por instrucciones de la empresa él no puede abrir solo el camión, deben estar todos los miembros del equipo que anda en la comisión de trabajo. Resultado: Carabineros detiene al chofer por negarse a mostrar los documentos.

¿Qué explica este intensivo actuar uniformado? Probablemente la ciudadanía no tendría una mirada crítica con acciones policiales que se dirigieran –por ejemplo- a peligrosos narcotraficantes poblacionales o a inescrupulosos delincuentes de cuello y corbata que se ríen de la gente a través de la colusión y el engaño comercial.

Pero no es el caso. Se trata –generalmente- de personas que no son delincuentes. El abuso ha llegado hasta la muerte de animales que han sido –lisa y llanamente- asesinados o maltratados por funcionarios uniformados.

Por su reiteración y hasta profundización en los últimos meses, bien cabe preguntarse si -más allá de permanentes acciones aisladas- no se trata de algo más de fondo.

Es imposible no acordarse del tradicional himno de Carabineros que cada mes de abril resuena en algunos colegios, en cuyas estrofas se cantan versos como “Duerme tranquila/ niña inocente (…)/ que por tu sueño/ dulce y sonriente/ vela tu amante carabinero” u otros que hoy se desnudan por su cinismo como “vamos sin miedo tras el bandido/ somos del débil el protector”.

Si bien es cierto que los videos que se viralizan pueden no explicar el contexto completo, de todas maneras se trata –generalmente- de acciones reñidas con el uso del criterio.

Por ejemplo, cuando el chofer Uber se resiste al procedimiento policial y el funcionario uniformado le dispara, hubo una opinión generalizada en criticar a las dos partes. No ocurre esto en los variados casos represivos.

Para muchos, estos niveles de violencia desmedida –que en su mayoría sólo reciben condena social y quedan en la más vergonzosa impunidad- no se ven desde la dictadura.

¿Qué busca este accionar de Carabineros? ¿Por qué el poder político no actúa con decisión contra esta dinámica?

Carabineros cuenta con una serie de protocolos que regulan su actividad. La normativa interna establece instrucciones y límites que se ajustan a los estándares internacionales exigidos -entre otros- por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Hace algunos años, y en relación a la persecución de las manifestaciones sociales y estudiantiles, Amnistía Internacional publicó un documento para la situación chilena llamado «No sabía que existían dos justicias: jurisdicción militar y violencia policial en Chile», en el que -básicamente- subraya la importancia de que los uniformados cumplan el protocolo exitente.

El actual marco técnico-legal en el que Carabineros avala su accionar es la Ley 20.253, del año 2016. Sin embargo, de todas formas la trasgrede.

El cuerpo legal es conocido como Control Preventivo de Identidad y señala que los Carabineros pueden solicitar la identificación de cualquier persona mayor de 18 años en cualquier sector público. Sin embargo, la propia ley es clara en señalar que el procedimiento no puede terminar en algún recinto policial de manera arbitraria.

Entonces, lo que está ocurriendo en la actualidad es que –basados en el citado concepto legal, solicitar la identidad de las personas- los uniformados actúan sin el temor de que se les aplique la anterior ley que condenaba la detención por sospecha.

El punto es que – a partir de ese cambio en el que las personas están obligadas a identificarse ante el requerimiento policial- los policías actúan con todo su peso.

Lo extraño es que casi el cien por ciento de los casos culmina con la detención de las personas y su traslado a inmuebles policiales, independiente de si pueden demostrar su identidad o no.

Recientes casos de represión han causado impacto y escándalo en la opinión pública, los que ha llegado -incluso- hasta medios de comunicación, denotando que los hechos no pueden ser casuales.

Tampoco habría que quedarse tranquilos porque ante algunos de estos atropellos que han recibido condena social, y también condena institucional, se haya separando a los funcionarios que actuaron en forma represiva. La decisión del alto mando de Carabineros no obedece a un conducto regular. Se da por la presión ciudadana.

La Ley 20.253 es aprobada con veinte votos a favor y dieciséis en contra, contando con todos los votos de los senadores de derecha, destacando Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, el actual ministro de Justicia Hernán Larraín, el actual inculpado por el caso coimas Jaime Orpis, Lily Pérez, el actual ministro de Minería Baldo Prokurica y Jacqueline van Rysselberghe.

Pero también obtiene importantes apoyos de la centro izquierda como los DC Carolina Goic (ex candidata presidencial), Jorge Pizarro (investigado en el caso Penta) y el PPD Felipe Harboe.

Antes de su llegada a senador, Harboe hace su carrera política en puestos de gobiernos de la Concertación, siendo los más destacados: subsecretario de Carabineros (Administración Lagos, período en el que entabla una cercana relación con la policía uniformada y su presencia en tierras mapuches) y subsecretario del ministerio del Interior (Administración Bachelet I, instancia en la que propone y desarrolla la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, herramienta que se sigue aplicando hasta ahora).

Fue un sólido defensor del control preventivo de identidad, argumentando que iba a ayudar a regularizar las situaciones de muchos delincuentes con órdenes de detención pendientes. Sin embargo, el promedio de las cifras de la nueva ley en este punto es paupérrimo.

Un estudio de la Universidad Diego Portales sobre el tema señala que con la nueva ley se llega a encontrar una persona fugada o con detención pendiente cada dieciocho controles, en circunstancias de que sin la ley, con las herramientas anteriores, se encontraba a una persona irregular por cada seis controles.

En contra del cuerpo legal se inscriben los ex candidatos presidenciales Alejandro Navarro y Alejandro Guillier, los socialistas Isabel Allende y Juan Pablo Letelier, y los PPD Adriana Muñoz, Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana y Guido Girardi. Por lo tanto, Harboe es el único PPD que vota a favor.

La acciones represivas de Carabineros son absolutamente contradictorias con las reacciones que tiene la institución ante abusos de narcotraficantes en poblaciones. Ejemplo de ello es el funeral de un reconocido delincuente de las drogas en Quilicura, en el que se hace uso de fuegos artificiales y reiterados disparos de armamento rápido en plena noche.

Ante las denuncias de la gente, Carabineros responde que se trata de una «acción de recogimiento» de los familiares del muerto y que entienden la pena. ¿Qué es eso?

Claramente, la situación esconde algo más de fondo. La represión parece una dinámica de amedrantamiento a la población civil, porque también se da en la lucha social, contra trabajadores, estudiantes y dirigentes sindicales, quienes denuncian una y otra vez acciones represivas de los policías uniformados durante sus marchas.

Ejemplo de ello fue el violentísimo accionar con señoras de la Fundación Integra que se manifestaban por su situación laboral.

Carabineros cruza por una crisis intensa y profunda. La malversación de casi $30.000 millones ocurrida en su interior (algo así como una Teletón) es sólo la punta de un iceberg, tras lo cual puede verse el nivel de autonomías internas que hay ante el caso del crimen del ciudadano mapuche Camilo Catrillanca y la osadía para inventar tramnas judiciales como la Operación Huracán y esconder evidencias.

Las acciones represivas a la ciudadanía pueden obedecer a un plan que busca confundir y quitar la atención al tema de fondo, el millonario robo de dinero público, para que la gente en redes sociales distraiga su interés por fiscalizar de mejor manera en qué termina todo el negativo proceso que vive la institución.

La labor del poder civil es analizar qué hay tras la continua ocurrencia de estos abusos en el accionar policial contra la ciudadanía. Se trata de algo vital y no se le nota urgencia. ¿Existirá decisión política para hacerlo y actuar en conecuencia?

** Edición Central Tele13/ Tomado de Youtube

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