“A la fecha existen 1.264.000 usuarios P2P en Chile utilizando diferentes plataformas de descarga. Una de las más utilizadas es Ares, que tiene 290.000 usuarios únicos a la fecha, con un promedio de 509 archivos compartidos. Si se considera a un precio de $400 cada canción, el perjuicio mensual para la industria es de $59.000 millones de pesos y el perjuicio fiscal sólo por concepto de IVA es de $11.000 millones de pesos. Una pérdida importante para el país”.
Así rezaba en uno de sus párrafos el extenso texto que muchos usuarios de internet, y que descargaban música gratuita, recibieron en junio de 2012 desde la Asociación de Productores Fonográficos de Chile (IFPI Chile).
El anuncio -que la entidad denominó “cruzada”- buscó «desincentivar» el uso de los llamados programas P2P, es decir, peer-to-peer o aquellos que permiten compartir archivos (música, videos, software) entre computadores que los tengan instalados.
La IFPI confirmó el envío de más de 5.000 notificaciones a titulares de cuentas internet en Chile, a través de los llamados ISP (internet service provider o proveedores que entregan el servicio), haciéndoles ver que conocen de sus actividades con el tipo de programas ya descritos y que tal práctica es un delito, aludiendo al Artículo 85 U de la Ley de Propiedad Intelectual.
Uno de los aspectos complejos de la acción fue cómo la entidad gremial llegó a conocer lo que en forma privada efectuaban usuarios de internet. Y el punto es que cada navegante de la red es identificado en el sistema con una URL o IP. La ley citada anteriormente faculta para que algún titular de derechos de autor que se sienta afectado, pueda solicitarle a una ISP que lo notifique.
Derechos para unos y otros
El periodista especializado en contenidos web y docente universitario Pedro Beas explica que la identificación de transferencia de datos se establece a partir de una tecnología que muestra los contenidos que se están distribuyendo, separando casos y estableciendo sospechas.
“Me parece que bajo el pretexto de cautelar el derecho de propiedad, se pretende vulnerar el derecho a la privacidad, ya que los ISP pueden entregar nuestros datos personales a quienes legalmente lo soliciten”, dice el especialista. Escudriñar el tráfico en internet es una práctica cuestionada en varias instancias judiciales en el mundo.
Pero no sólo la metodología utilizada para conocer actividades privadas en la red fue ampliamente criticada en ese momento por navegantes y analistas, sino que también –y con iguales niveles de indignación- el punto de vista economicista de la “cruzada”.
Por ejemplo, se señala que las cifras de supuestas pérdidas económicas no resultan correctas porque actualmente son muchos los artistas que regalan canciones en las diversas plataformas digitales existente, ya que una descarga gratuita en internet no significa –necesariamente- una pérdida para la industria.
“Muchos estudios concluyen que quienes bajan música son los principales consumidores culturales. Pensar que la industria discográfica está en problemas porque existe Ares es simplificar inocentemente un problema muchísimo mayor y que tiene que ver más bien con la incapacidad de esta industria en adaptarse al entorno en línea”, subraya el director de Proyectos de la ONG Derechos Digitales, Francisco Vera.
En la comisión de Economía del Senado, por ejemplo, el tema fue visto en su momento como un choque de derechos: por un lado, la propiedad intelectual y, por otro, el de la privacidad en internet. “La ley permite cobrar por el uso de material protegido intelectualmente, pero no se les autoriza a entrometerse en la información que cada persona comparte en internet en el ámbito de su privacidad”, comentó el parlamentario Eugenio Tuma. “Aquí lo primero que se debe proteger es a los usuarios”, enfatiza.
El inasible océano digital
La asociación de productores musicales planteó que las notificaciones no tuvieron carácter de denuncia a la justicia. El gerente de la entidad, Richard Godoy, explicó que “pretendemos que el usuario deje de utilizar y elimine los programas P2P de sus computadores, dando cuenta a los destinatarios la conveniencia de modificar sus pautas de consumo de música, accediendo a la amplia oferta legal hoy existente en el país».
Como las notificaciones se hacen a través de las diversas compañías que proveen el servicio internet en el mercado, van dirigidas a los titulares de las cuentas, quienes no siempre son los que hacen uso de los famosos programas P2P. La “cruzada” sospecha que son los adolescentes de la casa quienes descargan música a través de las citadas plataformas y, por tanto, consideran útil informarles a los padres o a los responsables de los hogares lo que está pasando.
“Muchas veces los padres no tienen conocimiento de que los hijos están utilizando estos programas de descargas y que al bajar contenidos de nuestras compañías cometen una infracción a la ley de propiedad intelectual”, comentó un alto ejecutivo de IFPI Chile.
Otro ejemplo que dificultó la acción de la entidad gremial fue el contexto en el que la “cruzada” se dio: un inasible océano digital. Gracias a la capacidad técnica que ofrecen hoy tanto celulares y televisores para conectarse a la red, las posibilidades de compartir los más diversos archivos se ensanchan como las grandes alamedas.
Sólo algunos ejemplos: se calcula que en el planeta existen unos 6.000 millones de celulares, más que personas. En Chile, de acuerdo a las mismas empresas del sector, la lógica se repite: hay más de 23 millones de este tipo de teléfonos. La venta de tablets, en tanto, se cuadriplica y se espera que superen fácilmente los 400.000, según la consultora tecnológica IDC.
La agencia estadounidense de análisis digital comScore estima que en el país son más de 10 millones los usuarios de internet. De entre las principales actividades que se efectúan destaca la participación en diversas redes sociales, la búsqueda y navegación, envíos de correos y mensajes y la descarga de archivos. El promedio de horas mensual de los chilenos es de casi 20 horas. El 40% de los usuarios tiene entre 15 y 24 años.
«Quiero leer/ver/escuchar lo que yo quiera»
La mayor de las críticas en esta particular “cruzada” es que –por una parte- la IFPI busca esconder el sol con un dedo y –por otra- definitivamente rasca donde no pica. Para nadie es un misterio que la industria de la música cambió con el desarrollo de internet y con las amplias posibilidades que hoy existen para compartir archivos.
A eso se suma una evidente inequidad de ofertas, ya que la expresión convencional del negocio es incapaz de responder a todos los intereses de los consumidores, distribuyendo de manera internacional sólo lo que se vende más.
Quedan fuera de la distribución física variados artistas y estilos musicales, a los que sólo es posible acceder a través de la red. La cantante Denisse Malebrán, del grupo Saiko, publicó en su Twitter personal: “IFPI dando palos de ciego, ¡no entendieron nada de la guerra contra internet! Medidas desesperadas en las que nadie gana”. Otro usuario de Twitter subrayó: “Quiero leer/ver/escuchar lo que yo quiero leer/ver/escuchar, no lo que el mercado me imponga”.
¿Y por qué rasca donde no pica? “Porque la cultura del palo o del amedrentamiento ya pasó de moda. Ha demostrado ser tan poco eficiente como inútil en la mayor parte de las industrias. En vez de ser un cliente al cual se debe seducir, el usuario se transforma en un enemigo”, comenta Julio Zúñiga, consultor de medios online de la empresa Cliqueable.
“La industria de la música, excluyendo a los artistas y hablando directamente de los grandes sellos, no ha sabido encontrar un mecanismo para motivar a la gente a vivir la experiencia musical del disco, de la descarga digital, como algo digno de ser pagado”, subraya el analista.
P2P: el “satán” virtual
Otro de los aspectos polémicos del IFPI es la pretensión de que el usuario “deje de utilizar y elimine los programas P2P de sus computadores”, según destaca en sus notificaciones. El ingeniero civil informático de la Universidad Santo Tomás, Pedro Pinacho, comenta que “más allá de poder ser usados con dolo por algunos usuarios, los protocolos de cooperación peer-to-peer brindan capacidades legítimas a empresas e individuos de distribuir software y medios con estándares de alta disponibilidad, muchas veces poco accesibles con otras formas de comunicación”.
“La idea de recibir estos mensajes puede parecer inocente. Pero dista mucho de ser así. Es un primer paso, una versión beta de futuros mecanismos de control”, afirma en una columna el asistente editorial del sitio web de música Potq.cl, Sebastián Amado.
Conspiraciones más o conspiraciones menos, sobre todo en medio de intentos globales como la amarga SOPA (proyecto legal elaborado por Estados Unidos para espiar las redes de internet) o el TPP (acuerdo transpacífico propuesto también por Estados Unidos y que abarca variadas áreas de la economía, incluyendo internet), lo concreto es que el espíritu que ofrece la IFPI no es para nada el de la época.
“A estas alturas está comprobado que descargar archivos de redes P2P no ha desalentado la creación musical ni nada por el estilo. Todo este cuadro me recuerda lo dicho por Thomas Jefferson: Si una ley es injusta, un hombre no sólo tiene derecho a desobedecerla, sino que está obligado a hacerlo», subraya el docente Pedro Beas.
“Las tiendas de software como AppStore, por ejemplo, nos han enseñado el valor de pagar por un buen programa que es vendido a un precio justo. Netflix es otro gran ejemplo: por un valor mensual ridículo tengo acceso a un video-club online que, además de tener clásicos del cine con una gran calidad de imagen, se transforma en productora de contenidos de excelente factura, reconocida por toda la industria”, destaca el especialista Julio Zúñiga.
