(*) Felipe Vergara
El proyecto de “Ley de Educación Justa” presentado por el gobierno de Sebastián Piñera defiende el mérito académico por sobre otras variables, reestableciendo la selección en la “industria de la educación”, como el propio mandatario describió al sector. Luego se disculpó por el concepto.
Ante esa arremetida, que busca reemplazar la actual ley surgida en el gobierno anterior y que aún está en proceso de implementación, las fuerzas opositoras reaccionaron a lo que consideran «privilegios», desarrollando una propuesta legislativa conocida como «Ley Machuca».
El nombre rinde honor a la historia vivida a principios de la década del ’70 por el colegio ABC1 Saint George de Santiago, perteneciente a la congregación Holy Cross, que incorporó a jóvenes vulnerables en sus aulas. Quedo inmortalizada en la película «Machuca» de Andrés Wood (2004)
El desafío no fue exitoso -principalmente por el clima de la época- y terminó con el colegio intervenido por la dictadura y muchos de sus sacerdotes expulsados del país.
Ante ambos proyectos, lo primero que se viene a la mente es por qué el gobierno se empecina en privilegiar a un pequeño porcentaje de alumnos y no enfocarse en la gran mayoría de los estudiantes; o por qué no centra su energía en sacar adelante el proyecto de subvenciones a la educación parvularia, previamente anunciado, pero no presentado aún.
Por su parte, la oposición usa como bandera de lucha la “Ley Machuca” con el único objetivo de contrapesar fuerzas: Teoría del empate, acción/reacción. Lo claro es que se manosea una iniciativa necesaria para Chile.
Al defender el mérito académico por sobre otras variables, restableciendo así la dinámica de la selección, el proyecto del gobierno parece -efectivamente- defender los privilegios de algunos, sin considerar que el mérito al que se refieren está directamente relacionado al nivel socioeconómico del o la estudiante. Así lo demuestra la prueba Pisa, en la que obtenemos como país un promedio de 443 puntos, frente a los 492 de la Ocde.
El mérito es -nuevamente- un elemento discriminador y pudiésemos hasta deducir que el gobierno quiere incrementar la desigualdad en vez de “nivelar la cancha”, muy en línea con la última Casen que confirma un empeoramiento de la equidad y justicia social.
La idea se confirma -además- por el Coeficiente Gini que ubica a Chile como el séptimo país más desigual del mundo. Puede que nuestro ingreso per cápita supere los US$23.000, pero su distribución sigue concentrada en unos pocos y ahí la «Ley Machuca» entrega una oportunidad.
La discusión sobre esta propuesta legislativa se ha concentrado en analizar las complejidades de adaptabilidad para aquellos alumnos que quieran ingresar a los colegios de élite; sin embargo, nadie ha reparado en las ventajas que tienen los alumnos de esos colegios de lograr una integración con el Chile real.
La división demográfica ha traído un quiebre socio-cultural entre las diferentes clases sociales. Los esfuerzos y buenas intenciones de algunos colegios de suplir esta falencia con trabajos de verano, misiones o ayudando en comedores populares no pasan más allá de buenas intenciones y que en nada cambian la percepción de unos hacia otros.
La diferencia es aún mayor en las grandes ciudades. Qué posibilidad tiene un joven que vive en las comunas de la zona oriente de Santiago de saber qué es un “gueto vertical” o más extremo aún, cuán factible es que dos estudiantes de la comuna de Lo Barnechea -uno de La Dehesa y otro del Cerro 18- puedan interactuar. La «Ley Machuca» promueve esa integración, relevante para nuestras generaciones.
El Colegio San Ignacio El Bosque, por medio de un pago diferenciado, lo ha tenido desde sus inicios y los resultados han sido notables. Como ignaciano uno aprecia y valora la oportunidad de convivir en el día a día con compañeros de menos ingresos, es por lejos la mejor instancia para interactuar con el otro Chile, ese que representa el 90% de nuestro país. Experiencia que, además, acompaña toda la vida.
Hoy se aboga por la inclusión. Muchos colegios ya acuñan el término integración para referirse a que están en condiciones de poder recibir niños con condiciones como autismo, down o con alguna carencia física. También ya estamos avanzando lentamente en la integración racial: colores, credos, etnias e idiomas se entremezclan paulatinamente en las salas de clases de nuestros hijos. El paso que viene es asumir la integración social y si para potenciar eso hay que aprobar una ley, bienvenida sea.
Al igual que como hablamos de lo maravilloso de la nueva línea del Metro, que permite unir extremos de Santiago en sólo treinta minutos, una «Ley Machuca» permite integrar realidades, oportunidades y vivencias a las que antes, ambos extremos de la línea no tenían acceso.
(*) El autor es periodista, doctor en Comunicación y magíster en Márketing y Recursos Humanos.
@felipevergaram
