El extraño caso de la minería chilena: Actividad clave en el desarrollo económico, pero con poca identificación social

La minería chilena no sólo se constituye en la viga maestra de la economía nacional. La actividad extractiva también forma parte importante en el proceso independentista del país.

Aunque hoy parece muy normal y lógico que Chile se describa como “una nación minera”, lo cierto es que se trata más bien de un consenso medianamente reciente. Durante mucho tiempo, Chile se describe a partir de símbolos como cuecas, ramadas, huasos ladinos y todo un imaginario proveniente en forma esencial de la hacienda del centro y sur del país.

¿Por qué si ya en 1860 Chile es el principal exportador de cobre, no se subraya eso también como parte de la tradición nacional? ¿Por qué la minería ocupa recién en las últimas décadas del siglo XX un lugar más o menos importante en la conciencia colectiva? Y, aunque la actividad financia -al menos- el 40 por ciento del presupuesto nacional, hay quienes creen que el nivel de conocimiento e importancia que le asigna la gente es bastante menor al que se merece.

Quizás por eso son muchas las voces del sector que insisten en decir que “hace falta promocionar más la importancia de la minería”. Es, sin duda, una evidente paradoja: siendo esta actividad el área económica más importante, la mayor parte de la población chilena no sabe lo que significa lixiviación, a qué se refieren los commodities o qué implica la palabra molibdeno.

Y es que, como en las familias, Chile tiene algunas historias que se relacionan con conflictos del pasado que no han sido del todo resueltos. Esta carencia identitaria en torno a la minería tiene relación con las diferencias surgidas entre las dos élites existentes en el país durante el período de conformación de la Independencia Nacional.

Un grupo se relacionaba con la actividad minera y el otro con la agricultura, ambos sectores tenían visiones encontradas a cómo debía organizarse Chile y fue la segunda la que triunfó, en el campo de batalla, y la que impuso la forma de desarrollar el Estado.

Es importante subrayar que de los cuatro grandes conflictos internos que ha vivido Chile en su historia (y que han significado guerras civiles), en al menos tres de ellos la situación minera ha sido clave y en la última (1973) la situación de la propiedad extractiva tuvo un rol importante en el desarrollo del conflicto.

Arrieros y mulas cruzando la cordillera/ Ilustración citada en libro «El comercio minero terrestre entre Chile y Argentina, 1800-1840» – Autora: Luz María Méndez Beltrán. Universidad de Chile, Fondo de Publicaciones Americanistas. 2009.

Destruyendo mitos

El descubrimiento de Chile forma parte de un amplio proceso de desarrollo imperial protagonizado por la Corona Española a finales del siglo XV. Uno de los motores principales de ese primer impulso de carácter capitalista estuvo relacionado con la búsqueda de recursos naturales.

La profesora Luz María Méndez, una de los pocas expertas en historia minera existente en el país, señala que “Europa cuenta en esa época con muy poca reserva de metales preciosos, mientras da comienzo a su expansión hacia Oriente, por lo que requiere urgentemente financiar la importación de sedas, especias y perlas en esa zona que Marco Polo habia abierto a Occidente”.

La académica de la Universidad de Chile señala que –al contrario de lo que habitualmente se ha enseñado- Chile resulta ser muy atractivo desde el punto de vista del oro para los españoles. Si bien, los hallazgos no son iguales a los de Perú –en donde los conquistadores vieron el metal en múltiples formas de manufactura como utensilios, vajillas y orfebrería- rápidamente descubrieron que las arenas de los ríos chilenos eran auríferamente muy ricas.

De hecho, cuando Diego de Almagro entraba a la actual zona de Copiapó intercepta una expedición indígena que se dispone a llevar el tributo minero hacia el imperio inca: se trata de nada menos que 600 kilos de oro. Sin embargo, el metal no se encuentra a simple vista en Chile, ni es tan elaborado como en Perú.

Así y todo, cuando Pedro de Valdivia hace toma de posesión del país, precisamente en Copiapó en 1540, se traslada hacia el centro y descubre el estero Marga Marga, que rápidamente comienza a ser explotado para la extracción de oro.

Es tan exitosa la experiencia, que luego de ser entregada su producción a variados españoles como pago por sus servicios militares prestados, al poco tiempo el terreno fue confiscado por la Corona. Tampoco resultan casuales las fundaciones que hace el propio Valdivia en su expedición al sur, ya que todas las ciudades estuvieron cerca de lavaderos auríferos.

Estudios como los realizados por la historiadora Méndez subrayan que durante la Conquista, los lavaderos auríferos en Chile no sólo son abundantes, sino que muy exitosos en su producción. Las fuentes acuícolas chilenas resultan ser bastante ricas en metales preciosos, sin embargo, rápidamente son agotadas por los españoles.

“Hay que señalar que en el siglo XVI, por ejemplo, Chile produce más oro que Perú y si bien la producción baja ostensiblemente, nunca se ha detenido del todo, si se piensa que el país se encuentra entre los diez o quince primeros productores del metal y según muchas exploraciones aún hay una reserva muy importante”, comenta la investigadora.

La importancia de la plata y el cobre

En todo caso, a lo largo de la Colonia y de la Independencia, hay hechos muy importantes que subrayan el carácter minero de Chile. De las cinco personas que de los tiempos de Pedro de Valdivia se hacen llamar “mineros”, la denominación profesional sube durante las primeras cinco décadas del siglo XIX a más de 600 familias que reconocen en esa actividad su principal dedicación. El cobre y la plata son los primeros minerales en darle a Chile un importantísimo empuje económico en la región y en el mundo.

El cobre surge con toda su importancia en el siglo XVIII, aún bajo la administración de la Corona Española, y la plata en los albores de la Independencia. Los primeros yacimientos cupríferos son los ubicados en la zona del Huasco, en Vallenar, y constituyen un gran impacto para los españoles, lo que origina la primera visita de un gobernador al norte de Chile: Ambrosio O´Higgins, quien con mucha alegría por la noticia, le entrega como nombre a esa zona el de Vallenar, que corresponde a uno de sus varios títulos nobiliarios.

El imperio español divide sus territorios en América en virreinatos y gobernaciones. Chile es una de las dieciséis gobernaciones que deben generar recursos para la Corona, en especial metales de valor. De manera muy coincidente con el hallazgo de los yacimientos del Huasco, en Europa son muchas las investigaciones científicas que le empiezan a conferir variadas virtudes a algunos metales, entre ellos el cobre.

Se destaca, por ejemplo, su gran utilidad en el recubrimiento de la madera de los barcos, manteniendo con gran eficacia su compostura ante el contacto con el mar. A ello se agregan sus cualidades para la elaboración de cañones y municiones.

Todo lo anterior sumado a la innegable importancia que ya empieza a tomar el metal rojo en la vida urbana cotidiana, a través de artefactos de cocina, ollas y todo el amplio uso en utensilios domésticos.

El cobre resulta también muy útil para el almacenamiento de las especias orientales, las que permiten la mantención de los alimentos. El uso del metal rojo en la cocina y en múltiples utensilios cotidianos le agrega modernidad a la vida diaria. Con ello su importancia resulta notoria y Chile ayuda así a justificar ante la Corona Española su existencia como gobernación.

El otro gran impacto lo genera la plata. Es gracias a la altísima actividad alcanzada entre 1800 y 1840, plena conformación independentista, que surgen las primeras familias que generan su fortuna con la actividad minera y comienzan a ser parte de una élite atractiva, con una mirada muy amplia frente a las posibilidades que protagonizan y con plena conciencia de los efectos que ello origina en el país.

Está muy claro que es esta actividad la que permite desarrollar en las primeras cinco décadas del siglo XIX la situación económica del país, aunque variadas investigaciones coinciden en señalar que sólo el 20% de lo exportado se reinvirte en Chile.

Lo cierto es que el descubrimiento de dos yacimientos de plata origina lo que por mucho tiempo se conoce como la “California chilena”. Se produce activa migración de personas tanto de otras zonas del país como de Argentina, convirtiendo a Copiapó en el centro de las actividades. Se construye uno de los pocos teatros del país y, por supuesto, el connotado ferrocarril que por mucho tiempo se considera el primero en América Latina. Más allá de eso, el hecho da cuenta de la importancia minera en la historia nacional.

Uno de esos yacimientos importantes es Chañarcillo, el más conocido, pero también ocupa un lugar protagonista el de Arqueros. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la académica Méndez, plasmadas en su libro “La exportación minera en Chile 1800-1840”, durante cincuenta años la producción de ambos fue muy pareja, siendo los dos vitales en la conformación de los primeros empresarios mineros chilenos y dando origen a importantes núcleos de apellidos que aún gozan de “prestigio” como las Edwards, Ross, Gallo, Piñera y Walker.

Muleros cargando productos mineros. Colección iconográfica Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile. Citado en libro «La exportación minera en Chile, 1800-1840» – Autora: Luz María Méndez Beltrán, Ediciones Universitarias, 2004.

Surgen los empresarios mineros

Hasta bien entrada la mitad del siglo XIX, la infraestructura exportadora, sin embargo, es primitiva. Aún se mantiene la tecnología de lo que hoy se llamaría el “know how” colonial de los españoles. El transporte, por ejemplo, vital para el éxito de la actividad, se realiza por décadas a lomo de mula. Sólo cuando existe la red ferroviaria en Copiapó y entre Santiago y Valparaíso es posible hablar de un avance moderno.

Los principales mercados exportadores son Europa, Estados Unidos y Argentina. Una parte sale del país a través del puerto de Valparaíso, pero otra muy importante se sigue enviando allende Los Andes a través de mulas. La historiadora Méndez y su equipo logran reconstruir los complejos recorridos de esa esforzada ruta en el libro “El comercio minero terrestre entre Chile y Argentina”.

El periplo comienza en la zona de Huasco, Copiapó y Coquimbo; luego sigue hasta el valle de Aconcagua, desde donde cruza la cordillera hasta Mendoza. De ahí los cargamentos pasan por San Juan y San Luis hasta llegar en gran parte a Buenos Aires, desde donde también se envía al exterior, especialmente a España en el período colonial. Es decir, más de 2.000 kilómetros recorridos en su gran mayoría con mulas.

La élite minera entiende que para estar en permanente contacto con los mercados mundiales debe centrarse en las zonas portuarias, razón por la cual –en el caso de Chile-la mayor parte de ella ubica sus centros administrativos en Valparaíso. El grupo social proveniente de la minería es eminentemente cosmopolita, se relaciona con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, viaja constantemente. Sin duda que el puerto es la gran puerta a la modernidad que tiene Chile en el siglo XIX.

En ese sentido, las investigaciones de la historiadora Méndez son sorprendentes: en 1880 Valparaíso se encuentra conectado vía cable submarino con San Francisco, California, y a su vez con otros puntos mineros importantes del mundo; en 1882 en esta zona se cuenta con teléfonos. Por ello es que el empresariado minero, a través de su ubicación estratégica en los puertos, es gente de gran dinamismo global.

 

Élites a duelo

Fue esa mirada la que choca de frente con la otra élite nacional: la agraria. Obviamente menos atraída por el mundo y sus adelantos y fuertemente centrada en valores más tradicionales, de relaciones humanas más estáticas y centradas más en el vigor de la autoridad que del dinamismo. La principal figura de ese orden es la hacienda o casa de campo, lugar en el que se reproduce con eficiencia el modelo de ordenamiento al que aspira esta burguesía agrícola.

Por centrarse la actividad política en Santiago, es este grupo el que se dedica a la puesta en marcha del orden cívico, el que gravita hacia una estructura muy férrea, fuertemente centralizada, de poca participación en la toma de decisiones y con la búsqueda constante de una práctica fuertemente autoritaria de quien detenta el poder.

Es lo que en algún momento el ministro del Interior Diego Portales –figura importantísima para el mundo conservador chileno- llama “el peso de la noche”, es decir, la dinámica que le permite a las estructuras de poder no perder nunca su dominio y que debe ser asumida por la comunidad casi como por costumbre natural.

Por su parte, la burguesía minera tiene otra opinión para el ordenamiento sociopolítico. Su mirada hacia Europa y el mundo anglosajón la hacen más cercana al federalismo, hacia una distribución del poder más equiparada entre ejecutivo y legislativo; y, por cierto, a una mayor autonomía de las provincias. Las diferencias llegan a su máxima temperatura en 1851, cuando desde Santiago se determina un explosivo aumento de los impuestos aduaneros a los productos mineros, en circunstancias que los agrarios están en su mayoría exentos. A ello se suma la evidente consolidación de la “portaliana” Constitución de 1833, que –básicamente- consagra el centralismo. La lucha civil se torna inevitable.

El contexto político aumenta la temperatura hacia el conflicto. Se vive en pleno la era de los “decenios”, períodos de gobierno de cinco años reelegibles que –en la práctica- se transforman en gobiernos de una década, todos ellos claramente cercanos a las posiciones más tradicionales de un Estado centralizado y de una autoridad fuerte.

Por ello es que el conflicto fraticida entre las dos élites resurge con mayor fuerza en 1859, año en que se generan verdaderos ejércitos paralelos en la zona minera nortina, avivados por representantes de las familias ligadas a la industria extractiva. Surgen, por ejemplo, los llamados “Zuavos de Chañarcillo”, grupo paramilitar encabezado por los hermanos Pedro León y Miguel Gallo. Ya en el nombre se evidencia la clara influencia del Viejo Continente en los grupos rebeldes: los “zuavos” eran soldados de la etnia africana zuaua que durante la conquista francesa de Argelia actúan en conjunto con los europeos.

Los “zuavos” chilenos, en todo caso, resultan ser tan efectivos como sus pares africanos. A comienzos de marzo de 1859 infringen una fuerte derrota al Ejército nacional en la batalla de Los Loros, lo que origina una fuerte e inmediata respuesta desde Santiago, enviando a más de 3.000 hombres para terminar en forma definitiva con la llamada “Rebelión de los mineros de Atacama”, lo que finalmente ocurre a fines de marzo de 1859 en la Batalla de Cerro Grande librada en La Serena. Los zuavos no alcanzan a reunir 2.000 hombres y terminan abatidos ante la evidente superioridad numérica de Santiago.

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

La hora del salitre

La minería ostenta un poderío permanente en este período de la historia de Chile. La investigadora Méndez subraya que “desde la Colonia, pasando por la Independencia hasta las primeras tres décadas de la República, la producción minera se duplica cada década.

Se trata de un proceso continuo, que lleva a Chile ya en 1860 a ser el primer productor cuprífero del mundo. La primera gran crisis se produce recién en 1875 y afecta al patrón oro, situación que lleva al país a darse cuenta que la zona norte también puede entregar otros minerales, por lo que empieza a tomar importancia el salitre”.

Los mejores yacimientos de este nitrato están en territorios de Perú y Bolivia, países con los cuales hay tratados comerciales de explotación bastante ventajosos para Chile. Sin embargo, diversas crisis internas en las naciones limítrofes originan cambios en las reglas. Los empresarios chilenos recurren a la defensa del gobierno.

“Una de las grandes razones de la Guerra del Pacífico es la disputa por el acceso a los depósitos mineros. Por eso es que en otros países el conflicto se denomina la Guerra del Salitre. Las exploraciones y explotaciones salitreras chilenas en la zona eran de gran importancia”, subraya la académica Méndez.

Con la conquista del salitre de fondo, se genera un fuerte sentimiento patriótico en el que se involucra también a las clases populares, las que en masa forman parte del Ejército Nacional. Entre 1879 y 1883 Chile disputa toda la rica zona nortina a Perú y Bolivia, con cruentas batallas terrestres y navales, que determinan un amplio triunfo chileno.

Con la firma del Tratado de Ancón, el Departamento de Tarapacá queda bajo jurisdicción chilena, lo mismo que las provincias de Arica y Tacna. Se trata de territorios riquísimos en salitre, cobre y guano, los que potencian aún más el perfil minero de la economía nacional.

Otro de los ganadores del conflicto son los intereses ingleses en la zona, que resultan variados tanto en los yacimientos mismos como en el comercio relacionado o lo que hoy es conocido como el sector de “proveedores”. Hay inversionistas ingleses en las tiendas que venden artefactos para la extracción, en el transporte y en el uso del agua.

Sin embargo, una de las mejores operaciones es la adquisición de depósitos mineros mayoritariamente por capitales británicos, a través de la compra de bonos desvalorizados emitidos antes del conflicto por Perú y adquiridos a bajos precios con préstamos de bancos chilenos, a través de los cuales los titulares se dicen dueños de las minas. La tradición de país ordenado y la relación establecida entre los ingleses y las autoridades chilenas permiten que una vez finalizado el conflicto, Chile reconozca a los tenedores de dichos bonos como dueños legítimos de los yacimientos. Es la operación que le da un gran poder al inversionista inglés John Thomas North.

Para la profesora Méndez la situación a estas alturas es clara: “Chile exhibe el grupo gobernante y dirigente más ordenado en la región. Cuesta muchos años que en la mayoría del continente se constituyan gobiernos o grupos de poder estables. Desde la independencia de la mayoría de los países de América Latina hasta pasada la mitad del siglo XIX el caudillismo es la principal forma de expresión política de los nuevos países, aspecto que en Chile no está presente de manera tan notoria, siendo lo que le permite una rápida estabilidad política”.

Sin embargo, si bien la riqueza del salitre es importante para el desarrollo nacional, resulta ser también la manzana de la discordia en el grupo dirigente que de nuevo se enfrenta en un crudo conflicto civil. Esta vez sus connotaciones son mucho más profundas, ya que se ven involucrados el Poder Ejecutivo y el Ejército, por un lado, y el Congreso y la Marina por otro, con crudos enfrentamientos en diversos campos de batalla en la llamada Revolución de 1891. El conflicto termina con una estruendosa derrota del Presidente de la República, José Manuel Balmaceda, asilado en la embajada de Argentina, lugar en el que –finalmente- se suicida.

Se trata, otra vez, de un enfrentamiento entre una visión centralizada, esta vez la del presidente Balmaceda, y la de los empresarios mineros, influidos por North, quien casi monopiliza el proceso de compra y venta de los yacimientos salitreros. Balmaceda quiere desarrollar una fuerte política de exportación del nitrato para financiar su ambicioso proyecto de infraestructura para el país, el que ya ha dado varias muestras de éxito.

La élite minera, en cambio, no comparte la idea de que el salitre sea ampliamente exportado, siguiendo las orientaciones del británico, ya que buscan limitar la comercialización para mantener los precios altos. El fondo del asunto, sin embargo, ya no era tanto cómo se organizaba la estructura política del país, sino que cómo se distribuía el poder entre las dos élites existentes hasta ese momento, ya cada vez más mezcladas.

José Tomás Urmeneta, prominente empresario minero chileno del siglo XIX.

La minería como propiedad

Adentrados ya en el siglo XX, la minería sufre duros golpes con las diversas crisis económicas mundiales y con la aparición de sustitutos. El caso del salitre es el más sintomático. Después del apogeo que lo tuvo por los cielos y luego de la Revolución de 1891, todo se viene al suelo con la fabricación alemana del salitre sintético. El nitrato era esencial para la fabricación de pólvora, en circunstancias que el mundo vivía la Primera Guerra Mundial.

El reemplazo del salitre chileno es rápido y eficiente. La caída de la industria chilena también. El aumento de la cesantía es fulminante. La caída de los sectores ligados al producto minero también. Todo finalmente rebota en el Estado, que debe paliar con ayuda alimenticia y habitacional a la masa de mineros cesantes que emigran hasta el centro del país. Surgen nuevas características sociales en los centros urbanos, como los conventillos y los cités, en donde los cesantes del norte viven agrupados y hacinados.

El impacto social y político es intenso. Se traslada por barco hacia el sur a aquellos desempleados que provienen de esa zona. En 1920 más de 10.000 personas regresan hacia sus ciudades natales producto de la crisis. En Antofagasta, epicentro de la debacle, casi 15.000 personas llegan desde las pampas buscando ayuda en albergues, calles y plazas. La municipalidad destina más del 80 por ciento de su patrimonio económico a financiar diversos programas sociales.

A pesar de todo, la crisis se supera. Pero deja consecuencias claras: el surgimiento de un sector popular que, desempleado de la actividad minera, comienza a generar movimientos sociales de solidaridad. Y con ello, lentamente, surge un debate inexistente en la sociedad hasta ese momento: cuestionar el perfil de la propiedad minera. Es decir, discutir en torno a quién administra –finalmente- el importante tema de los recursos naturales.

El cobre, el carbón, el oro y el fierro son los minerales más protagónicos para Chile en la primera mitad del siglo XX. En el caso del carbón, su producción aumenta de 1.200.000 toneladas como promedio en el primer cuarto de siglo a casi 2.000.000 en el segundo cuarto. El oro, en el mismo lapso, pasa de 700 kilógramos a 5.300 kilógramos. Los minerales de hierro, en igual período, casi quintuplican su producción a 1.350.000 toneladas. Y el cobre casi multiplica su actividad por 200, promediando en el segundo cuarto del siglo XX 1.350.000 toneladas anuales.

Los sectores populares organizados, lentamente, comienzan a exigirle al Estado que tome parte más activa en la industria minera, criticando el hecho de que en la actividad existan tantas ganancias y escasos retornos al país.

Según el abogado, diplomático e investigador Julio Ruiz Bourgeois “la propiedad minera durante el período es evidente: la gran minería es exclusivamente multinacional, sobre todo estadounidense, y la pequeña y mediana es claramente nacional”. Es durante el primer cuarto del siglo XX cuando las inversiones extranjeras en minería encuentran un campo ampliamente liberal, con escasa participación del Estado, sin restricciones de cambio, baja tributación y mano de obra barata.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el Estado establece tributos más altos, impone controles de cambio que aseguren las divisas para los abastecimientos de productos importados, garantiza el aprovisionamiento de materias primas para sus industrias nacionales y con una legislación social más clara, defiende los intereses de la clase asalariada.

Con respecto al cobre, el Estado establece un impuesto extraordinario con el que participa en una alta proporción en las utilidades que obtienen las compañías extranjeras cuando aumenta el precio internacional del metal.

Sin embargo, los malos precios internacionales y el descenso del aporte cuprífero a los ingresos del Fisco después de la Segunda Guerra Mundial originan –según Ruiz- “una verdadera angustia en el sector público, con evidentes mermas en sus entradas, en el comercio y en la industria por la falta de divisas”.

Por su parte, la mediana y pequeña minería se concentra en la producción de manganeso, carbón, plata, cobre y oro. En conjunto, ambas instancias de la industria aportan el 3% de la producción nacional del metal rojo durante la primera mitad del siglo XX.

La cuarta fase del conflicto

Parece inexorable el debate social en torno al por qué las principales riquezas del país –las mineras- son controladas por inversionistas extranjeros. Emergen discusiones, se proponen caminos extremos. Lo cierto es que el Estado estaba llamado a intervenir en este punto.

Surgen vías que buscan “recuperar” el cobre, se analizan conceptos nuevos como “chilenización” del metal rojo, el cobre es visto como “la viga maestra” del desarrollo nacional. Los inversionistas estadounidenses observan –casi como una profecía autocumplida- cómo surge un consenso nacional en torno al tema que abarca a todos los sectores políticos.

En 1967 el presidente Eduardo Frei Montalva promulga la Ley N° 16.425 que permite la adquisición por parte del Estado de Chile de un porcentaje de acciones de las grandes compañías mineras, a través de lo que se llama “contratos de ley”, hasta llegar a una “nacionalización pactada”.

Es el proceso diseñado y encabezado por el ministro de Minería Alejandro Hales para adquirir la mayoría de las compañías y tomar mayor control por parte del Estado de Chile, lo que termina en una primera etapa en 1969.

Luego de lo hecho por Frei, es la Administración de Salvador Allende -con la firma de todos los sectores políticos del país representados en el Congreso, desde el Partido Nacional hasta el Partido Comunista- la que termina con la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre el 11 de julio de 1971, a través de la promulgación de la Ley N°17.450.

Se trata de un duro golpe para las inversiones estadounidenses en Chile, pues desarrolla claros precedentes para el resto de la región. A ello se suma el hecho de que, además, el traspaso de las mineras hacia el sector público fue positivo desde el primer día: se suben las expectativas en torno a que experiencias así son posibles, se desarrolla tecnología propia y se logran niveles positivos de producción. Es, sin duda, un proceso altamente exitoso, totalmente distinto a lo ocurrido en la mayoría de los casos ocurridos en el continente.

Para muchos historiadores y analistas -además del complejo contexto social, político y económico- este hecho también forma parte del por qué Estados Unidos se ubica en el lado opositor a Salvador Allende en el surgimiento de la crisis de los años 70 y el posterior devenir de la Junta Militar, cuando en septiembre de 1973 se desarrolla el último gran conflicto que enfrenta a la sociedad chilena en forma violenta.

Un liderazgo a largo plazo

Tras una rápida revisión de la historia en 200 años de vida republicana, queda más que claro que Chile es un país esencialmente minero y que durante toda esta etapa la existencia de un conflicto no resuelto entre las dos élites dominantes de los primeros años de la independencia, no permite que esa impronta se afiance en el ADN del chileno, continuando así la imagen del campo y las costumbres huasas como representativas de toda el alma nacional.

La historiografía chilena tampoco ha sido fértil en la investigación de este punto, destacándose escasos nombres como los de Marcelo Carmagnani, Álvaro Jara y algunos investigadores más contemporáneos como la académica Luz María Méndez: “Es un tema complejo, que no ha sido estudiado del todo porque para llegar a conclusiones bien fundamentadas hay que investigar mucho en fuentes directas, analizar datos que no han sido nunca procesados, por lo que se requiere de un equipo diversificado y mucho tiempo para analizar; yo llevo más de treinta años de labor, luego de la cual he podido publicar tres libros sobre la minería en los albores de la independencia”, explica la investigadora.

El impulso que recibe la economía mundial en la década de los 90, vestida de globalización, lleva casi como una necesidad de marketing el hecho de perfilar al país en el mundo. La publicidad y el efecto mediático se inclinan por destacar de Chile sus características mineras, dado –además- que la legislación del sector es una de las más liberales y ventajosas del mundo para los inversionistas interesados, especialmente extranjeros.

Aun así, con todos los millones de dólares que le entregan los minerales a Chile, permitiéndole enfrentar una importante crisis económica mundial como la de 2009 de manera estable y sin altos costos socioeconómicos, la minería no logra afianzarse en el subconsciente nacional como el principal pilar de sustento.

Hoy los desafíos de la actividad chocan con los nuevos requerimientos ecológicos y medioambientales. Aunque Chile se arropa con un sistema legislativo especializado moderno, se trata de una infraestructura poco sofisticada y de escasos recursos económicos para dar respuestas efectivas.

Surgen también variados grupos ciudadanos que se ven afectados por la actividad minera y que son capaces de organizarse para que los proyectos mineros cumplan los requisitos medioambientales básicos de la ley existente.

Luego de varios siglos en que su importancia económica se esconde de la mirada nacional, la minería chilena cuenta con amplias posibilidades para fortalecer el desarrollo económico y social del país, especialmente a través del emprendimiento y la innovación. Existe una gran oportunidad del sector para aportar a que Chile dé un salto cuántico en su ciencia, tecnología, investigación y aplicación de conocimientos. Pero para ello se requiere también de un liderazgo político nacional con una visión profunda y de largo plazo. Aún se está a la espera de eso.

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