La querella presentada por la presidenta Bachelet contra revista Qué Pasa ha generado un efecto similar a la entrada de un elefante en una cristalería, en la que el paisaje se compone de platos rotos, vírgenes llorosas, rostros victimizados, caras mirando para el lado y mucha, mucha confusión.
La situación se parece un poco a cuando la iglesia católica comenzó a oponerse a la promoción del uso del condón por parte del Estado, a los pocos años de recuperar la democracia, porque -tal como en esa oportunidad- los círculos eclesiásticos sacaban a relucir su defensa de los Derechos Humanos en dictadura, pretendiendo comparar esa lucha con la que iniciaban contra los profilácticos, hoy la prensa –en general- intenta sacar a relucir su “inquebrantable” aporte a la libertad de expresión en desmedro a lo que significaría el recurso presentado por Bachelet, en pleno Estado de Derecho.
Pero, como canta Jorge Drexler, la vida es más compleja de lo que parece.
Para hacer el cuento corto, hay que decir que lo hecho por la publicación pasa a cada rato en los medios. Se recibe una información y se opta por entregar una versión de ella, eligiendo los elementos con los que se compone el contenido.
Hasta ahí no habría problema, si el asunto hubiese sido sólo eso. El aspecto central, en tanto, es que la revista hace varias ediciones entre su primera publicación en internet hasta lo que se ve en la versión en papel, cada una de ellas en desmedro de la mandataria y ocultando información de otros personeros políticos citados.
De hecho, una vez que la nota es ampliamente comentada en redes sociales, Qué Pasa opta por hacer recortes a lo conocido, entregando una explicación que queda como la exacta “madre del cordero”. La revista reconoce que la primera versión publicada no se acoge a sus “estándares” y pide excusas. Así, se entiende que lo editado en papel sí acoge dichos estándares.
La nota en cuestión alude a comentarios de un inculpado en el juicio Caval (el mismo en el que están involucrados el hijo y la nuera de la presidenta), extraídos de una escucha telefónica hecha por la policía uniformada como parte de la investigación judicial.
En pocas palabras, lo que sacó Qué Pasa de la primera publicación en internet y consideró no apta a sus “estándares” sí lo está con respecto a lo relacionado con Bachelet, en circunstancias que –de todo lo que el citado comentó- lo referido a la mandataria (que –supuestamente- estaría involucrada en el negocio) lo cuenta como una referencia de terceros, contrario a lo que dice sobre personeros políticos como Pablo Longueira y Herman Chadwick, entre otros, de quienes sí entrega hechos concretos y de primera fuente.
Y conste que el asunto no es saber qué es cierto y qué no, porque es imposible. Pero sí establecer un marco de referencia a cómo dice una cosa y cómo se refiere a otras.
La revista deja fuera todo lo que se señala sobre personeros de derecha, de quienes el citado hace referencias muy claras, pero sí deja lo señalado en relación a la mandataria, siendo comentarios de comentarios.
La práctica -en rigor- puede ser considerada una opción del medio, pero habrá que conceder que es una decisión polémica, perfectamente analizable desde el punto de vista de la ética profesional.
Ante ello, Bachelet señala desde el primer minuto que lo considera una “bajeza” y que se compromete a estudiar “acciones judiciales”. Luego de unos días, las concreta. Y en esta parte, la confusión -como la sangre- llega al río.
Porque no se trata sólo de un tema de libertad de prensa. Es un enfrentamiento clásico entre un grupo económico y un gobierno.
Los orígenes de revista Qué Pasa se engarzan con la derecha más conservadora del país, que en la década del 70 crea un espacio de franca lucha contra el gobierno de Allende.
Si bien de sus fundadores actualmente no queda casi nadie y en materia de contenidos periodísticos se encuentra a cargo de un grupo de profesionales jóvenes, no es menos cierto que la revista pertenece al grupo del empresario Álvaro Saieh, quien también tiene negocios relacionados con el retail y la banca.
En ambos frentes hoy da una dura batalla con diversas instancias fiscalizadoras del Estado, ya que sus negocios han sido castigados con millonarias multas por irregularidades e –incluso- en alguna de esas aristas se encuentra la justicia penal de por medio, arriesgando la cárcel aquellos ejecutivos que sean hallados culpables. Entre ellos, el propio hijo del empresario.
No deja de resultar curioso que medios como La Tercera y El Mercurio (y hasta la propia Qué Pasa), con un conocido comportamiento negativo en dictadura, hoy pongan la música de la libertad de expresión.
No puede ser un aspecto que pase por encima en este complejo episodio, por lo que no deja de llamar la atención la actitud ofendida o circunspecta que han tomado algunas conocidas figuras del periodismo chileno.
Porque tampoco hay que confundirse con las críticas severas que vienen de organismos regionales como las sociedades de la prensa, ya que –al final del día- se trata de corporaciones que reúnen a los dueños de medios y no a los periodistas.
Y el caso de Saieh no es una excepción en América Latina. Los dueños de medios en el continente son empresarios con intereses económicos en muchas áreas.
En el caso del dueño de Qué Pasa y también de La Tercera, entre otros medios, se trata –además- de un nombre que genera respeto y temor de manera transversal en la escena pública nacional.
Es conocida su colaboración económica en campañas de varios parlamentarios y es también sabido que es el principal dueño de Ciper, un centro de investigación periodística de reconocido prestigio nacional e internacional.
Es, por demás, un personaje complejo. Admirado por sus aportes pecuniarios en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y protegido en ocasiones como cuando la periodista y Premio Nacional María Olivia Monckeberg escribe su libro “El saqueo de los grupos económicos”, en el que relata la manera vergonzosa en que se concretan las privatizaciones a fines de la dictadura.
En la publicación, Monckeberg incluye al empresario que si bien no se quedó con una entidad pública en particular, “sí se había visto favorecido en la privatización del antiguo Banco Osorno”, reconoce la profesional. Y antes de que el libro apareciera, llega a hablar con ella el entonces militante PPD Jorge Shaulsohn, para decirle que no incluyera al empresario en el libro.
Se trata de un nombre que no tiene nada que envidiarle a otros barones de la prensa como el brasileño Roberto Marinho (director hasta su muerte del diario O´Globo) o el inglés Robert Murdoch (el omnipresente dueño de Fox y muchos diarios en Gran Bretaña y Estados Unidos).
Por eso, ante todos estos antecedentes y ante una era en que la concentración de medios en Chile es una realidad evidente y asfixiante ¿se debe mirar para el lado cuando se den este tipo de acontecimientos?
¿Por qué no puede ser interesante y hasta saludable que, en ocasiones complicadas, los medios asistan a tribunales y expliquen ahí sus errores o asuman esas decisiones como malas intenciones?
Dicho todo lo anterior, no es menos cierto que la decisión presidencial de querellarse es un tema claramente inoportuno. No se trata de un acto ilegal y por eso es imprescindible quitarle todo el dramatismo que se le ha querido dar.
No es una práctica común del gobierno, a Bachelet hoy en día la basurea hasta el más insignificante dirigente político y no pasa nada con ello.
No se está ante una acción intimidante contra los medios, como sí puede observarse en otras administraciones gubernamentales del continente. Y quien haga esa comparación sólo engrosa la transversal fila llorosa que se ha puesto a mirar este acontecimiento.
Sin embargo, claramente Bachelet se pudo haber ahorrado este nuevo problema en el que se ve envuelta. Si bien, judicialmente hablando le asiste el derecho a tomar una decisión así, desde el punto de vista político no hizo más que ponerse gratuitamente otra pesada cruz en su adolorida espalda.
Desde el punto de vista oficial, puede que la situación contenga todos los ribetes de una acción “chantajista” o “inadecuada” por parte de un grupo económico que se siente acorralado en sus intereses financieros por parte de organismos públicos.
Y, aunque fuese así, la verdad es que el horno no está para bollos.
Con los niveles de rechazo que tienen Bachelet y su gobierno, el clima no es el más propicio para presentar recursos judiciales contra medios. Por muy justo que sea el punto que se quiera subrayar, definitivamente, no se ve bien.
Y toda la razón que pueda tener el gobierno en sus planteamientos, se confunde con el intenso cortejo de vírgenes sufrientes de la libertad de expresión que el hecho está malamente convocando.
Se pudieron analizar varios escenarios, como acudir al Colegio de Periodistas o a los consejos de ética de las propias entidades gremiales que reúnen a los dueños de medios y haber puesto el tema como un debate-país.
Probablemente, hubiese resultado más incómodo para los medios el hecho de analizarse entre ellos, en alguna instancia de cierta trascendencia, que este recurso que es –realmente- un elefante en la cristalería.
Y más aún, lo que resulta peor a todas luces, el conflicto le pone una guinda a una amarga torta que la propia Concertación (hoy Nueva Mayoría) sembró con entusiasmo: la concentración de medios de comunicación.
Desde mediados de los años 90, cuando definitivamente se cierran –con complacencia de los gobiernos- los medios escritos y muchos radiales que fueron oposición a la dictadura, se configura en Chile un cuadro mediático que deja un claro desnivel en las ópticas con las que se observa la realidad.
Algo con lo que, inexplicablemente, las propios administraciones concertacionistas aceptan jugar.
Tal como lo plantea el periodista Juan Pablo Cárdenas en una entrevista en Cultura y Tendencias, la democracia le cierra las puertas a los propios medios que ayudaron a recuperarla. Y ese cuadro de la realidad alguna vez tenía que explotar.
Es lo que ha pasado ahora. Sin el fomento de medios independientes, el gobierno se enfrenta de lleno con los conglomerados que le tocan una misma melodía.
La situación se encuentra en un verdadero zapato chino para el gobierno, en general, y para la presidenta, en particular.
Claramente, para algunos con intereses creados la golosina se llama Bachelet. Si en sectores oficialistas perciben el olorcillo de que en Chile se intenta hacer algo similar a lo ocurrido en Brasil con la mandataria Dilma Russef, lo cierto es que con este tipo de reacciones no ayudan a generar miradas serenas.
Y, para más pelos en la sopa, el recurso judicial es presentado públicamente como si la presidenta fuera una ciudadana, en una suerte de desdoblamiento tan ridículo como si la revista Qué Pasa dijera que lleva una vida totalmente independiente a los intereses de su dueño.
Lo cierto es que el tema de los medios de comunicación en Chile y la forma en que representan los intereses de los diversos sectores del país es lo que está pasando más desapercibido en toda esta discusión y resulta ser lo más lamentable.
Para nadie puede ser indiferente que los mismos medios que apoyaron con acciones y omisiones la dictadura cívico-militar -y de lo cual jamás se han hecho cargo, he ahí el principal punto- hoy lleven el pandero y dirijan la orquesta de los ofendidos por el poder y se manifiesten perseguidos en su libertad de expresión.
Como medio independiente, creemos que la escena no puede pasar de manera tan superficial, porque si no quiere decir que -realmente- en Chile estamos bailando la cueca en pelotas.
