(*) Javiera Arias, vicepresidenta Partido Ciudadanos.
Recientemente los chilenos hemos vuelto a estar expectantes de un nuevo fallo por parte del Tribunal Constitucional (TC). Esta vez, la instancia ha declarado inconstitucional el Reglamento de Objeción de Conciencia de la Ley de Aborto Terapéutico que regulaba la intervención de los hospitales privados, decisión que le permite a las clínicas a negarse a practicar la interrupción de embarazos.
El resultado no deja de sorprender. El año pasado la misma instancia había entregado un fallo que rechazaba un requerimiento similar por parte de los parlamentarios de Chile Vamos. En aquella histórica resolución el TC indicó que el legislador «No puede ir contra la mujer imponiendo su voluntad e incluso poniendo en peligro su vida o imponiéndole deberes más allá de lo que a cualquier persona se le exige».
Ante esta respuesta categórica, los parlamentarios de Chile Vamos no quedaron satisfechos. Buscaron arduamente la forma de minimizar o reducir el margen de acción de la ley de acuerdo con sus principios ideológicos, logrando –finalmente- imponer sus ideas conservadoras.
No se trata de una situación aislada. Recordemos que el año 2007 parlamentarios de la oposición de aquel período también solicitaron un requerimiento de inconstitucionalidad con respecto a la distribución de la píldora del día después, que fue acogido por el TC y que prohibió su distribución en el sistema público.
Todos estos requerimientos hechos por parte de la derecha tradicional y a la que hoy se suma el partido “liberal” Evopoli, dejan en evidencia que en dicho sector la imposición del conservadurismo es mucho más relevante que el ejercicio de la plena democracia.
Y lo peor es que, como lo han demostrado a lo largo de la historia, las decisiones adoptadas por la mayoría del país sólo serán válidas y posibles en la medida que estén acordes a la línea de sus valores como coalición.
Se trata de una situación enormemente preocupante para quienes creemos en la institucionalidad democrática. Si bien el TC es un órgano fiscalizador de la constitucionalidad, no es pertinente que dicha institución ponga en duda las decisiones adoptadas por requerimientos de una coalición que no se encuentra satisfecha con dichas decisiones.
Es de suma urgencia revisar y limitar las funciones del actual TC para que no sigamos siendo legislados por un pequeño sector político que no está dispuesto a seguir las reglas del juego democrático.
