(*) Tamara Callejas Leiva
El concepto de Derechos Humanos debería ser fundamental para todos. Cuando hablamos de la vida, se nos vienen a la memoria los derechos de los niños, las mujeres, los derechos fundamentales que son los cimientos de una sociedad justa y que un Estado democrático debe consagrar siempre.
En Chile a todo eso se suma la aún cruda carga de la historia reciente, con una herida tan dolorosa que aún no cierra ni sana. A ello, lamentablemente, se adiciona la actitud de nuestras autoridades, tanto a nivel gubernamental como en esferas legislativas y judiciales.
Ha habido una gran negligencia frente a este complejo tema. Más aún, muchas veces se ha demostrado simple y llana indiferencia frente a hechos indiscutiblemente dramáticos, con dinámicas legales que no han evolucionado aún hasta ahora y procesos judiciales que se mantienen en un limbo inquietante o que terminan con penas irrisorias para los genocidas, quienes de llegar a la cárcel lo hacen en instalaciones especiales, con toda clase de comodidades.
Lo inaudito del asunto es que muchas veces los medios dan cuenta de una casi obsesiva preocupación del Estado por proteger a estos personajes deleznables, más que preocuparse de las víctimas y sus seres cercanos y, por sobre todo, más que de la sociedad que sufrió con el actuar cobarde y violento de esos victimarios.
Aunque debe reconocerse que cada vez más se pierde la capacidad de asombro, lo cierto es que no deja de sorprender lo que hace algún tiempo denunció un programa de televisión: las jugosas jubilaciones -pagadas con platas de todos nosotros- que perciben uniformados que violaron los Derechos Humanos, quienes -además- disfrutan de penas remitidas.
A eso se suman las recientes resoluciones de una sala de la Corte Suprema en orden a liberar uniformados responsables de delitos de lesa humanidad.
Mientras esta triste democracia no ha sido capaz de enfrentar su historia, sí tiene la capacidad de seguir violentando los derechos de las personas que sufrieron directamente el apremio y el dolor de la dictadura.
«Estrés post-traumático»
Gran parte de mi labor profesional ha sido en la temática de los Derechos Humanos, en la preservación de la memoria, porque -como habitualmente se dice- un país que no reconoce su historia y no aprende, es capaz de volver a repetir los errores del pasado.
La pregunta surge por sí misma en el Chile de hoy: ¿qué hemos hecho como sociedad para enfrentar ese riesgo que se cierne sobre nosotros?
La primera opción ante estos temas fue buscar un mecanismo tipo “Punto Final”, como la famosa Ley de Amnistía, que fue aplicada por varios jueces en muchos casos.
Menos mal que hubo otros que optaron por echar mano a un intersticio legal -como el llamado “secuestro permanente”- para investigar y juzgar a muchos culpables en casos de detenidos desaparecidos.
Pero eso ha significado que pasen muchos años para juzgar y aunque existen ministros de fuero especial dedicados a investigar, varios testigos mueren o se arrepienten o aún sufren amenazas; muchos familiares de las víctimas también; además que, a través de variados recovecos judiciales entre cortes de apelaciones y la Corte Suprema, siempre surgen rebajas de penas.
La situación es de tal vergüenza que hoy es mucho más factible encontrarse en la calle con algún ex uniformado que cometió este tipo de delitos, que verlos en la cárcel.
Entonces, claramente no hemos avanzado como sociedad frente a esto. Lo escaso conseguido queda opacado con cosas como ver a un presidente de derecha cerrando una cárcel especial de militares detenidos de “alto rango”, aunque sea un gesto más bien mediático.
O un breve ministro diciendo que el Museo de la Memoria -una de las escasas cosas que esta sociedad ha hecho por educar sobre el tema- es un espacio hecho para «horrorizar».
Si bien ya no hay de qué sorprenderse, no deja de doler enfrentarse a situaciones como las jubilaciones millonarias que reciben muchos personajes siniestros en el mundo uniformado. Pensiones de invalidez por estrés post traumático luego de haber sido “parte de la lucha contra el marxismo”.
¿Qué pasa con nosotros como sociedad, que hemos permitido que todo esto avance y no nos moleste?
En el país de los tuertos
Ver morir a madres que pasaron una vida entera buscando a sus hijos, esposas a sus maridos, hijos a sus padres. ¿Obtuvieron alguna pensión de invalidez por estrés post traumático estas familias?
Pasan los años y la justicia se pierde inexorablemente. Peor aún, las heridas siguen abiertas. Y, aceptando que no es la única dinámica social post-dictadura que está a medias, definitivamente la política no logra encontrarle una solución. Aquí los caminos también han intentado guardar todo bajo la alfombra.
Y quienes sufren las consecuencias de eso siguen sobreviviendo, votando por lo menos malo; y la sociedad sigue endeudándose en una de las ciudades más caras del mundo, porque en Chile parece que sólo importa el dinero, no las personas.
Pareciera que cuando se eliminaron a esos chilenos y a esas chilenas en dictadura se eliminaron también las voces y la fuerza de este país, porque nos atemorizaron a tal punto que no reclamamos ni exigimos nada, bajamos la cabeza y luchamos por no perder el trabajo, no hay tiempo para preocuparnos, no hay tiempo para pensar, no podemos cambiar, la revolución es mala, daña y mata, eso nos dijeron, eso aprendimos.
Sólo aceptamos, nos conformamos con poco, ya no hay tiempo para soñar. Desconfiamos y no creemos en nada y en nadie. Tememos a la delincuencia, exigimos nuestras siete lucas del confort, reclamamos por las redes sociales.
Las pocas voces que se hacen escuchar son acalladas con epítetos como “Hasta cuándo siguen con ese tema”, “Basta de hablar de muertos, eso ya pasó, miremos hacia el futuro”.
En el país de los tuertos, nadie ve la realidad como es. Un país cada día más ignorante de su pasado, un país incapaz de cambiar la Constitución de la dictadura, una sociedad temerosa de hacerse más justa.
¿Qué se puede decir en una nueva conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, este 30 de agosto? Que los Derechos Humanos no solamente fueron violados durante la dictadura, sino que a los familiares de las víctimas de esos años de horror nos siguen maltratando. Y, aunque muchos no quieran verlo, también al país.
(*) Tamara Callejas es periodista y comunicadora audiovisual. Sus padres biológicos fueron detenidos y hechos desaparecer durante la dictadura. Su padre fue encontrado. Su madre aún no.
