Basada en un “enfoque de derechos”, la actual Política Nacional de Cultura que se lleva adelante en Chile se demarca desde la segunda administración Bachelet e incluye los años 2017 y 2022.
(*) José Albuccó
El documento reconoce a las personas “como sujetos de derechos que el Estado debe garantizar”, contando con un “enfoque de territorio” entendido como una mirada que pretende “fortalecer el entramado sociocultural de los territorios” en relación con la toma de decisiones respecto del desarrollo cultural.
Finalmente, se promueve la noción de “ciudadanía cultural” que busca la plena participación de los individuos y las comunidades en la “creación, disfrute y distribución de los bienes y servicios culturales”.
Al revisar las propuestas de l@s candidat@s presidenciales de la primera vuelta en el ámbito cultural, es posible concluir que varias son congruentes con los planteamientos de la política 2017-2022, la que constituye un adecuado marco de sentido para el diseño de iniciativas y programas, pese a que su implementación durante el actual gobierno ha sido claramente deficitaria.
Las candidaturas de Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami, por ejemplo, reconocen explícitamente a la cultura como un derecho humano. La primera, además, enfatiza en su valor intrínseco para la cohesión social y promueve la vinculación de la cultura con el territorio, con una mirada descentralizada.
Por su parte, Gabriel Boric, define a la cultura como pilar fundamental de la vida y el desarrollo humano, reconociendo el carácter plurinacional, diverso e intercultural del país, asegurando la participación activa de las personas a lo largo del territorio a través de innovadores programas de cultura comunitaria.
Sebastián Sichel, en tanto, también rescata la importancia de las artes y la cultura para la construcción de un proyecto compartido de país, planteando -entre otras medidas- el potenciamiento de la educación artística, el desarrollo de un programa de intervención artística en espacios públicos y la promoción de la industrias creativas y la economía naranja, aspecto que también es abordado por Provoste y Enríquez-Ominami.
José Antonio Kast, en cambio, esboza una visión conservadora de la cultura, denunciando la supuesta implantación en Chile de políticas culturales que rechazan el “legado de la patria, su historia y costumbres”. Finalmente, el programa de Franco Parisi es muy escueto, presentando solamente medidas aisladas, como la edificación de un rockódromo en Concepción.
En general, las propuestas parecen considerar el rol clave de la cultura para la construcción de un país más justo, equitativo e integrado.
Sin embargo, el debate presidencial realizado en la Universidad de Chile el 1 de noviembre (en el que se habla sobre educación, ciencia y cultura y al cual no asiste Kast), se produce una noticia esperanzadora: Gabriel Boric, Yasna Provoste, Marcos Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Sebastián Sichel concuerdan en aumentar los recursos destinados a los sectores que dan origen a la cita, llegando hasta el 1% del presupuesto público.
Si bien para enfrentar adecuadamente los grandes desafíos de este ámbito no basta sólo con aumentar el apoyo financiero del Estado, se trata de una medida claramente necesaria. Pero más importante aún es contar con una visión integral sobre el rol de la cultura y el patrimonio en la construcción del Chile del siglo XXI, definiendo los principios y enfoques que rigen la acción pública en este campo.
Lo importante es que todos los puntos que se han podido hablar sobre estos temas constituyen valiosos antecedentes para cuando enfrentemos el desafío de renovar la actual Política Nacional de Cultura y generar una nueva carta de navegación que -efectivamente- promueva el desarrollo cultural y patrimonial de nuestra sociedad, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de todos los chilenos y chilenas.
(*) El autor es académico de la Universidad Católica Silva Henríquez, autor del blog Patrimonio y Arte
