El trabajo de la Convención Constitucional: Un huracán azota la fronda aristocrática en Chile

Luego de más de 560 sesiones de comisiones y cumpliendo con todos los plazos comprometidos, la Convención Constitucional entrega este lunes 4 de julio el borrador que contiene una nueva carta magna para que Chile se manifieste frente a ella en las urnas en dos meses más, el domingo 4 de septiembre.

Tras obtener en un plebiscito popular celebrado en octubre de 2020 casi el 80% del Apruebo para terminar con la constitución hecha en dictadura en 1980 (y reformada superficialmente durante el gobierno de Ricardo Lagos el año 2005), recibiendo -además- un porcentaje similar la opción de que la tarea la asumiera un grupo distinto a los parlamentarios, la Convención Constitucional surgida de ese evento eleccionario se transformó desde el momento de su conformación en julio del año 2021 en una instancia inquietante para la élite del país.

Y es que el trabajo de la convención ha sido un huracán en la fronda aristocrática chilena. Aunque no se trata de un intenso fenómeno atmosférico, ha generado efectos parecidos. El ojo de este vendaval sociopolítico está en toda la articulación discursiva, semántica y de significados que ha originado en los territorios del país la dinámica llevada adelante por los convencionales, elegidos con voto popular, con igualdad de género, tras un plebiscito de resultado abrumador, indicutible y aplastante.

Eso explica por qué la convención y el borrador que entrega al país han tenido y tienen todo en contra. Los medios de comunicación tradicionales, los políticos de la élite (sean de izquierda o derecha), el mundo empresarial y, por cierto, lo que un propio representante de la derecha (Andrés Allamand) llamó en los años 90 «los poderes fácticos». Todo el grupo que por razones familiares, consanguíneas, de compromiso, por dinero o por elección propia pertenecen o creen pertenecer a lo que un historiador conservador (Alberto Edwards) denominó a mediados del siglo XX «la fronda aristocrática».

A pesar de todos los problemas objetivos enfrentados en su instalación y puesta en marcha, cuya responsabilidad primera y central se ubicó en el gobierno de Sabastián Piñera -que tuvo casi medio año para preparar su funcionamiento- la convención pudo avanzar en su desarrollo y generarse sus normas reglamentarias, a poco más de dos meses de iniciar sus funciones. Todo un récord mundial.

En el mundo académico especializado, existe consenso de que -a pesar de las críticas existentes- la convención constitucional avanzó de manera correcta en la tarea encomendada. Logró instalar y hacer funcionar activas comisiones temáticas, llevando cada una de ellas un arduo ritmo junto a sus respectivas subcomisiones, con elecciones de cargos bajo dinámicas plenamente democráticas y representativas de las diversas ópticas presentes y tomando todas sus decisiones finales, las que conforman el borrador, con el acuerdo de 2/3 de sus integrantes.

Precisamente, el quórum que la centro izquierda no pudo cambiar y que la centro derecha señaló en todos los tonos que era el porcentaje que lograría «verdaderos acuerdos transversales». Todo el ámbito «fáctico» y toda la «fronda aristocrática» defendió con muelas el quórum de los 2/3. Finalmente, el borrador lleva ese porcentaje de acuerdo. Pero los «fácticos» y la «fronda» insisten en hablar de que hubo un sector que «arrolló» al otro. ¿Cómo pudo darse eso y lograrse un acuerdo tan alto en las decisiones?

El mecanismo eleccionario con el que se forma la convención introduce características muy particulares a esta instancia, que la dotan de altos grados de representatividad de la sociedad chilena. Mucho más, por ejemplo, que lo existente en el propio congreso nacional.

Con un promedio de edad de 44 años en sus integrantes, la convención estuvo conformada por abogados, profesores, ingenieros, periodistas, dirigentes sociales, científicos y hasta una machi -máxima autoridad ancestral mapuche- en el contexto de una elección que incorpora criterios de equilibrio de género, pueblos originarios e independientes. No hay otro espacio de elección popular en el país que refleje de mejor manera la diversidad nacional.

Desde el punto de vista político, en términos generales, la convención recoge también un equilibrio bastante positivo y poco visto: si bien el sector de Chile Vamos (derecha) exhibe el mayor número de representantes (37), eso se va ajustando con los aportes que hacen otros grupos: el Frente Amplio junto al Partido Comunista cuentan con 28 convencionales; la ex Lista del Pueblo suma inicialmente 27 integrantes, quienes luego conforman al interior de la convención otros referentes como Pueblo Constituyente; la ex Concertación aporta 25 convencionales; independientes de distintas listas suman 21; y representantes de los pueblos originarios adicionan 17.

En total son 155 convencionales que, al final, se transformaron en 154, ya que uno de ellos -Rodrigo Rojas Vade- debió renunciar a su puesto, tras conocerse increibles falsedades sobre su historial médico, principal aspecto que utilizó como campaña para obtener un escaño.

A pesar de esa dura experiencia, la convención actuó de manera rápida y decidida. También lo hicieron los grupos políticos que apoyaron la candidatura de Rojas Vade. Se trató de una importante y compleja prueba, que fue superada de buena forma. A diferencia de otros escándalos políticos, en el caso del convencional descubierto en mentiras no hubo apoyo de ningún sector.

Y aunque tanto para l@s parlamentari@s como para l@s convencionales no existía la posibilidad de renunciar a sus puestos, se debieron generar articulados legales para facilitar esa instancia.

Superando este intenso impasse, y tras un arduo trabajo en las diversas comisiones conformadas, la convención cumplió su compromiso de proponer una nueva constitución. Nunca antes en la historia de Chile existió una instancia como ésta. Todas las otras cartas fundamentales se han hecho sin la participación de personas electas.

Antes del golpe militar, la Constitución que regía al país era la de 1925. Dicho cuerpo legal fue producto de una asamblea creada por el presidente Arturo Alessandri, a la que él invitó de manera directa a distintos representantes políticos y uniformados, con el objeto de reemplazar la Constitución de 1833.

El trabajo de dicha comisión fue sometido a un plebiscito popular, que –finalmente- aprobó los cambios y el 18 de septiembre de 1925 comenzó a regir una nueva carta magna.

La dinámica contrasta totalmente con la forma es que se generó la constitución de 1980. La dictadura puso fin de facto a la normativa de 1925 y sólo a finales de los años 70 la junta militar creó una comisión para elaborar un nuevo documento, oportunidad en la que –por supuesto- sólo hubo representantes de derecha o cercanos al gobierno dictatorial.

Se impone en un plebiscito realizado en 1980 sin registros electorales, sin campaña para los opositores y sin apoderados de mesa, entre otras varias y profundas irregularidades electorales, comenzando a regir desde 1981.

La convención constitucional que acaba de entregar un borrador de nueva carta magna es la primera experiencia plenamente democrática que se da en Chile para crear esta esencial ley de la República.

Por eso ha sido centro de críticas, que para variad@s expert@s no tienen justificación. “En el contexto de crisis de deslegitimidad que vive Chile, los mecanismos de participación son claves para el proceso constituyente”, plantea la doctora en Estudios Americanos y académica de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Pamela Figueroa. Por eso, es clave una información fidedigna del texto constitucional propuesto.

El éxito de la instancia es también el éxito para la experiencia democrática. El músculo de la participación social puede lucir aún más ejercitado y eficiente. Puede ser, además, un momento de inflexión histórica. Nunca más procesos institucionales sin que las personas que intervengan en ellos sean electos popularmente.

Así las cosas, el trabajo de la convención debe ser cuidado y respetado por quienes valoren la democracia. En su forma y en su fondo. La fronda aristocrática, entendiendo este concepto como todo tipo de grupo privilegiado existente en el país, siente que se cierne sobre ellos un huracán que bota todas sus hojas con las que se han protegido durante siglos.

«No es un país, Chile es un fundo» canta Jorge González en su mordaz tema «Allende vive» de su disco «Mi destino» del año 1999. El trabajo de la convención y la reacción de la fronda aristocrática dan cuenta de que eso no es sólo un sarcasmo. Ha sido y es una realidad que puede cambiar. Todo depende del voto de la gente en las urnas.

*** Descarga aquí el texto DEFINITIVO del borrador entregado al país por la Convención Constitucional